MEGATENDENCIA – Derechos Humanos emergentes y empresas: cómo las organizaciones se están adaptando

Los derechos humanos son inherentes a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, lugar de procedencia, género, etnia, color, religión, o cualquier otro aspecto. Si bien la Organización de las Naciones Unidas estableció los denominados “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos” en 2011, como una forma de que el sector privado se comprometa en esta materia en sus actividades, en el último año el tema ha entrado con más fuerza en las estrategias y visión sostenible de las compañías.  

Por ejemplo, un hito reciente clave sucedió en mayo de 2024 en el Viejo Continente. Luego de cuatro años de arduas negociaciones, la Unión Europea aprobó la Directiva sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), la que define los requisitos y procesos para que las compañías evalúen y mitiguen los impactos en los derechos humanos y el medioambiente tanto de sus actividades, como la de sus proveedores. 

Sin embargo, de forma paralela, el conflicto en Ucrania, la hiperinflación a nivel mundial que ocurrió desde el año 2021 hasta parte de 2023 a nivel mundial, el aumento de las desigualdades socioeconómicas, los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, o los flujos migratorios han generado una renovación de los DD.HH. Un informe realizado por Kreab Worldwide revela cómo bajo de este escenario, surgen nuevos riesgos para los derechos humanos dado que se incrementan las situaciones de vulnerabilidad de determinados colectivos y que, de alguna forma, deben ser considerados por las empresas. (Ver informe: https://kreab.com/espana/actualidad/tendencias-derechos-humanos-emergentes/)  

Según el estudio, algunos de estos derechos emergentes son: 

Derechos digitales: Resultado de la acelerada transformación tecnológica y los procesos de digitalización surgen los derechos digitales como son el derecho a la desconexión o el derecho a la privacidad de los datos como una nueva generación de derechos que garantizan el acceso y la correcta utilización de los medios digitales. 

Derecho a la salud mental: es algo que las empresas deben abordar desde una vertiente interna, atendiendo a las necesidades de sus profesionales, y externa al valorar los impactos que productos y servicios pueden provocar en consumidores, clientes y usuarios.  

Igualdad salarial: Las empresas han abordado la desigualdad salarial principalmente desde la perspectiva de género. En cambio, garantizar un salario digno entre empleados y subcontratistas o la diferencia salarial entre altos directivos y empleados medios son también una cuestión de derechos humanos que contribuyen a la generación de desigualdades. 

Protección de la información genética: El control genético plantea retos éticos sobre la privacidad de los datos y riesgos de discriminación. Las empresas pueden promover la protección de la información genética mediante políticas y prácticas de sensibilización y capacitación a empleados y clientes. 

Cómo se avanza en Chile 

Desde Pacto Global Chile han observado un creciente interés por parte de las empresas chilenas y filiales de multinacionales en incorporar este marco y adherirse a los Principios Rectores. Esto se refleja en la identificación de índices y el aumento en el cumplimiento de ciertos indicadores. “Aunque todavía son pocos los procesos de debida diligencia en Chile, en aquellos casos, la participación significativa de grupos de interés y expertos independientes ha mejorado la gestión corporativa al permitir la incorporación de nuevas perspectivas en la gestión de riesgos. Esto, a su vez, mejora la gestión interna de temas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) y fortalece las relaciones con los grupos de interés, contribuyendo a la cohesión social y al desarrollo sostenible”, comenta Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global Chile. 

Por otro lado, la Directiva europea podría influir significativamente a las empresas nacionales que sean filiales de empresas europeas o que busquen exportar a dicho mercado. En Chile, en julio de 2023, se anunció el comienzo de la elaboración de un anteproyecto de ley de debida diligencia en derechos humanos, que se planificó presentar al Congreso este año. 

Por su parte, la Norma General 461 de la CMF (Comisión para el Mercado Financiero) de noviembre de 2021, exige que las empresas sujetas a su fiscalización indiquen en sus memorias anuales si adhieren o no a los Principios Rectores u otros estándares equivalentes, y describan cómo integran criterios de derechos humanos en su gobernanza y gestión de riesgos. 

Dante Pesce, presidente del Directorio de Fundación Centro Vincular, estima que la legislación chilena ha ido avanzando en la dirección correcta. “Esto hace que las empresas sí hayan venido incorporando temáticas relacionadas a DD.HH. aunque no le llamen así explícitamente. Pero en Latinoamérica y Chile hay vacíos y espacios de mejora. El comercio es un gran motivador, un impulsador importante, ya que en la medida que esté orientado a la exportación, la ley que prevalece es la más alta. Y si el mercado de destino es más sofisticado que el nuestro, genera un efecto de cascada obligatorio, porque si no cumples con esos requisitos, no puedes entrar a ese mercado”, dice Pesce.